Para el 16 de febrero había sido convocada una Audiencia Pública Ambiental durante la que se trataría el proyecto Arrocera en Estancia Doña Marina, Dinaluca S.A, a partir de las 18 horas, en Itá Ibaté, según la convocatoria pública que realizó el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).

El Proyecto de Ampliación Arrocera en Ea. Doña Marina consiste básicamente en utilizar la disponibilidad de suelos dentro del inmueble y el agua del río Paraná para incrementar la superficie de cultivo en 2.000 ha. para la campaña 2011/2012 y en 4.800 ha. para la campaña 2012/2013.

La Ea. Doña Marina con 14.757 ha de superficie se encuentra ubicada principalmente en el Departamento de Berón de Astrada y un sector al sur en el Departamento de General Paz.

En el año 2010, Dinaluca S.A. propietaria de Ea. Doña Marina, obtuvo la Concesión de Aguas Públicas respectiva por Resolución Nº 466/10 a través de la presentación del Exp. Nº 540-627/09, el cual contiene la descripción de las Obras de riego e infraestructura existentes. La Resolución de Viabilidad Ambiental Nº 355/10 se obtuvo dentro del Exp. Nº 540-091/10 el cual contiene el Informe Ambiental.

Aquí surge la primera irregularidad denunciada por los ecologistas de “Guardianes del Iberá”, como en la mayoría de los casos de las arroceras de Iberá la Concesión de Aguas se otorgó antes de la realización de la Audiencia Pública y de que pudiera conocerse públicamente el Estudio de Impacto Ambiental.

Consultamos los técnicos del ICAA sobre ésta situación por parte de “Guardianes del Iberá” la respuesta fue que:

“La arrocera cuenta con un permiso provisorio desde el 2009, ellos ese año presentaron el proyecto en septiembre pidiendo autorización para la extracción del agua pero como lo presentaron sobre hora y no había tiempo de hacer audiencia pública porque ya debía regar, se los otorgó ese permiso.
En septiembre de 2010 lo presentan nuevamente por lo que se les da una prórroga del permiso provisorio, y nuevamente pudieron regar.
En 2011 lo presentaron en diciembre, pero está vez presentaron el proyecto de ampliación; se les otorgó un permiso que les permitió regar pero la audiencia se lleva a cabo ahora para analizar lo de la ampliación y lo de la arrocera "en general".”

“Se trata de otro claro ejemplo de cómo se manipulan las leyes ambientales, dejando que las corporaciones hagan uso y desuso de los recursos naturales de los correntinos a espaldas de la población.” Declaró Emilio Spataro Coordinador de la Campaña Salvemos al Iberá – Organización Ecologista Guardianes del Iberá-

“El Ing. Mario Rujana titular del ICAA viene desarrollando una política de “blanqueo” de las irregularidades de las corporaciones arroceras que operan en Corrientes, facilitando las Concesiones de Agua infringiendo el procedimiento legal y ni siquiera se multa a las empresas por infringir la ley, todo lo contrario se las ayuda para “tener papeles buenos”. “ Acusó el dirigente ambiental.

Pero esto no es todo, detrás de la operación se encuentra una empresa muy cuestionada por sus antecedentes ambientales en la provincia, Adecoagro de George Soros.

Adecoagro en agosto de 2010, compró el 100% del paquete accionario de Dinaluca SA en US$ 20, 5 millones quedando como dueña de aproximadamente 14.750 hectáreas.

Según la información a la que tuvo acceso “Guardianes del Iberá”, dicha transacción, aún está pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, por tratarse de una zona de frontera.

George Soros viene de ser duramente cuestionado por su asociación con COPRA SA propiedad del vice – presidente del Grupo Clarín José Aranda, en el proyecto denominado Ayuí Grande.

Mediante este proyecto se pretendía represar el arroyo Ayuí para crear un embalse de 8 mil hectáreas que abastezca las necesidades de agua de 20 mil nuevas hectáreas de arroz, pero las movilizaciones ciudadanas y la intervención del gobierno nacional frenaron el proyecto, ahora Soros busca cumplir sus objetivos de expansión con las aguas del Paraná.

Guardianes del Iberá reclama que el ICAA deje de operar como kiosco facilitador de los negocios de las corporaciones y defienda la rigurosidad de la legislación ambiental.